¿Cuál es el precio de la destrucción?

Virginia Villaplana

“No es solamente por lo que hacemos, sino también por lo que no hacemos, que somos responsables”

Molière

Un negro recuerdo

El 19 de noviembre de 2002, un buque petrolero llamado Prestige causará el que hasta hoy se considera el mayor desastre medioambiental de la historia de España.

La gran grieta que causó en el corazón de españoles y ciudadanos del mundo este accidente vino desencadenada, en parte, por otra grieta: la de un  barco cuyos materiales alcanzaban un gran nivel de deterioro y no pudieron hacer frente a los envites del mar. Pero no es una única causa la que se ha barajado en esta dramática historia. Hay un gran número de nacionalidades involucradas, de damnificados, y especialmente, de responsables.

El Prestige fue reparado un año antes del desastre en Cantón, China; y posteriormente se sometió a una nueva revisión en Dubai, en la que no se comprobó el estado de corrosión de los materiales del barco petrolero. Pero lo más alarmante es que la navegación del buque había sido autorizada por la entidad American Bureau of Shipping (ABS), que lo certificó sin evidencia alguna de su correcto estado.

Después, los actos por parte del gobierno del Partido Popular fueron muy criticados. ¿Hicieron bien en alejar el petrolero de la costa? Es una conclusión difícil de averiguar, ni tan siquiera por expertos o jueces. Sin embargo, otros muchos denunciaron la falta de información por parte del gobierno en esas fechas que tanto se acercaban a las elecciones…

Consecuencias del desastre

  • 63.000 toneladas de fuel fueron arrojadas al mar.
  • Ya el 28 de noviembre la marea negra había afectado a ocho espacios naturales protegidos y a playas de Asturias, Cantabria y País Vasco.
  • El petróleo cobró la vida de 23.000 aves en Francia, Portugal y España
  • Ataque directo a la biodiversidad marina del Cantábrico.
  • Enormes pérdidas para los pescadores.
  • 150 000 personas, según datos policiales, protagonizaron una manifestación en Santiago de Compostela bajo el lema “Nunca máis”, nombre de la plataforma que llevó a cabo la protesta.
  • Un estudio estadounidense detectó alteraciones genéticas en los marineros afectados por el chapapote.
Foto por: Capsula expeditions

Foto por: Capsula expeditions, algunos derechos reservados

De la tristeza a la indignación

El pasado 13 de noviembre, tras once años de investigación judicial, el derecho español decide que el único responsable es el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras. Es condenado a nueve meses de prisión por desobediencia a la autoridad, y absuelto de delitos ecológicos. Pero no se determina quién es el responsable civil para asumir las indemnizaciones, que el fiscal cifraba en 4.328 millones de euros. Esta sentencia deja helado a todo el que se estremeció un mínimo al conocer la tragedia del Prestige, y provoca la indignación de los que vieron con sus propios ojos esa infinita marea negra que se llevaba la vida natural de las bellas costas del norte de España. Llovieron los voluntarios que con sus propias manos se dedicaron a recoger los restos de fuel que fueron derramados por el descuido de otros.

“El derecho español se ha demostrado incapaz de juzgar delitos medioambientales a gran escala”, afirma Raquel Montón, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace. Por ese motivo, cree que “la única forma de evitar otra catástrofe de esta magnitud es que no haya más petróleo circulando por nuestros mares”.

Es visible el problema que existe en la legislación española en lo que se refiere a la responsabilidad por daños medioambientales y sociales. Pues lo cierto es que los daños medioambientales perjudican directa y gravemente a las personas que habitan en entorno en cuestión. Esta vinculación del entorno natural con el social se puede observar en otros impactos medioambientales recientemente causados por intereses económicos y políticos, al igual que ocurrió con el Prestige. Hablamos del Proyecto Castor.

Invisibilidad social

Aquellos terremotos que tuvieron lugar a principios del pasado mes de octubre en la costa de Castellón estuvieron directamente ligados al proyecto de inyección de gas natural que había comenzado en el verano de este año, y que pretendía crear una reserva de gas bajo tierra. Fueron más de 600 pequeños movimientos sísmicos inducidos, ocho de ellos percibidos por la población. Luis González de Vallejo, catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid, habla sobre las consecuencias de este proyecto, dirigido por la empresa Escal UGS:

Los ciudadanos de Vinaròs no quieren tener cerca la posibilidad de terremoto, y no hay que olvidar su voz. Actualmente, ante desastres medioambientales como este, y a mayor nivel como la tragedia del Prestige, es el Estado, y por tanto, las personas que lo componen, quienes finalmente tienen que cargar con la responsabilidad civil y pagar el coste económico de actos imprudentes. El Estado francés  y la Fiscalía de A Coruña ya han recurrido la sentencia del Prestige, pero haría falta un cambio en la legislación para regular esta ausencia de responsabilidad en daños ecológicos y por tanto, a la población. Robar o asesinar no es gratuito. ¿Podemos seguir manteniendo una legislación que no reacciona ante imprudencias que acaban con el medio ambiente y ponen en graves riesgos a las personas?

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