Certificado energético, ¿impuesto o beneficio social?

Andrés Stumpf

El certificado energético es un documento elaborado por un ingeniero o un arquitecto, que califica el consumo de energía de una vivienda a través de una puntuación comprendida entre las letras A (máxima eficiencia) y G (eficiencia nula). Tiene una validez de diez años, y debe incluir una serie de recomendaciones para ahorrar energía.

Este documento comenzó a ser obligatorio en España el día 1 del pasado mes de junio, como estaba previsto en el Real-Decreto 235/2013, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de abril. Se promulgó a instancias de la Unión Europea, que busca aumentar el ahorro energético de las viviendas, de donde, según sus datos, procede el 40% del consumo total de electricidad comunitaria.

El certificado energético consigue que se prime a aquellos edificios que menos energía consumen, convirtiéndose en un dato más a tener en cuenta a la hora de alquilar o comprar una vivienda. Al precio que está actualmente la energía, los edificios que hayan sido calificados con una A serán más valorados que el resto; de lo que se puede deducir que los peor calificados tratarán de mejorar en lo posible su capacidad de ahorro energético, impulsando el sector de la construcción verde y contribuyendo a reducir su impacto sobre el medio ambiente. A pesar de ello, el certificado en sí no obliga todavía a acometer ninguna reforma.

Pero no todo son ventajas en lo que a este documento se refiere. La mayor parte de los ciudadanos obligados a obtener el certificado energético considera que se trata de un nuevo mecanismo de recaudación encubierto por parte del Gobierno. Una suspicacia alentada por  la precipitada forma en la que se puso en marcha el sistema de certificación de la eficiencia energética que, inmaduro,  ha provocado importantes guerras de precios (varían entre 70 y 300 euros, según fuentes del sector) y desconocimiento en la actividad, así como amplias diferencias en su aplicación entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, mientras que en Madrid su registro es gratuito, en Extremadura se cobran unas tasas de 22,45 euros por el mismo servicio.

La precipitación es consecuencia de un retraso de varios años en dar comienzo a este proyecto exigido por la Unión Europea, que vio necesario amenazar con una multa millonaria al Gobierno español para que éste lo pusiera en marcha.

Lo que sí es seguro es que la certificación energética ha creado una nueva actividad profesional que beneficiará a la economía española a través de generar nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo e ingresos. La evidencia está en los datos ofrecidos desde el Ministerio de Fomento, que estima que la cantidad de viviendas que requieren el certificado gira en torno al medio millón anual. Aparte, está el hecho de que esta actividad pueda avanzar hacia el estímulo a la rehabilitación de edificios según criterios ecológicos, lo que sí que supondría un impulso económico fuera de toda duda.

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