Un 2013 de incoherencias eléctricas

Andrés Stumpf

Hace unos meses, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) dejaba caer que las energías renovables son el principal motivo del encarecimiento de la tarifa eléctrica, sin dudar en señalar sus primas como un mal que pagan los ciudadanos como consecuencia de la inmadurez de este tipo de tecnologías.

José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo de España. Foto de La Moncloa. Algunos derechos reservados

José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo de España. Foto de La Moncloa. Algunos derechos reservados

Como respuesta a estas quejas y al mal funcionamiento del sector energético español (poco competitivo y con un déficit escandaloso), José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, elaboró la Ley del Sector Eléctrico, que fue aprobada el 27 de diciembre de 2013 y es enormemente criticada por organizaciones ciudadanas, como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, por suponer “una aniquilación de las energías renovables”.

En la presentación de esta reforma eléctrica, cuyo Proyecto de Ley tuvo que lidiar con nada menos que 498 enmiendas, 56 de ellas del propio partido de Gobierno; el ministro aseguró que la solución al déficit de tarifa recaería sobre tres partes: el consumidor, a través de una subida de la luz en agosto; las empresas, con duros recortes en sus retribuciones reguladas; y Estado, mediante una aportación presupuestaria extraordinaria de 2.200 millones de euros y otros mil millones al asumir la mitad de la partida de costes extrapeninsulares.

Fue precisamente una de esas enmiendas la que dio al traste con la explicación, otorgándole una sonora “victoria” al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien, en confrontación con su compañero de partido, aseguró que se suspendería la partida del Estado en pos de alcanzar la reducción del déficit público acordado con Bruselas.

La subasta Cesur

Ante este giro de los acontecimientos, mientras que el Tribunal Supremo atiende a la demanda presentada por las grandes empresas eléctricas,  que exigen que, o bien autorice una importante subida de la tarifa, o se obligue al Gobierno a entregar la partida prometida; la subasta por la que se establece el precio trimestral de la luz cerró con una subida de un 11%.

Para sorpresa de todos, una de las principales razones que se proporcionaron desde UNESA para explicar este salvaje “tarifazo”, fue la escasa producción de energía hidráulica y eólica como consecuencia del actual anticiclón, así como la ola de frío que sacude España.  No fue pequeño el alboroto que se montó en las redes sociales como respuesta a esta contradicción, señalando tanto a la patronal eléctrica como al Gobierno, y reivindicando que las renovables bajan el precio del recibo eléctrico.

La subasta suponía una subida tan alarmante y escandalosa que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras una investigación de varios días realizada por orden del ministro de Industria,  decidió invalidar su resultado ante la “concurrencia de circunstancias atípicas”.

El ministerio de Industria ha procedido, a través de un Real Decreto, a fijar la subida del precio de la tarifa eléctrica del primer trimestre de 2014 en un 2,3%, dentro del rango recomendado por la CNMC (2,9-1,8%), atendiendo a los precios que ha marcado el mercado durante los últimos seis meses.

Reacciones

Eduardo Montes, presidente de UNESA, ha declarado que el Ministerio de Industria ha fijado un precio que va en contra de las normativas europeas, “lo que entraña, de hecho, un riesgo importante para la liberalización”. Además, afirma que la decisión se ha tomado de manera “precipitada, improvisada y, una vez más, sin establecer ningún cauce de diálogo con las empresas del sector”.

Por el contrario, un portavoz de FACUA- Consumidores en Acción ha asegurado que la fijación de la tarifa de la luz mediante el procedimiento de subastas es “perverso”, pues permite a las eléctricas mantener en secreto el coste real de generación de energía  dejando desprotegido al consumidor.

En su opinión, debería utilizarse otro método de cálculo y el Gobierno tendría que establecer un sistema de tarifa regulada al 100 %.Para esta organización de consumidores, el Gobierno debe ser coherente y, si el ministro Soria ha mencionado la posibilidad de que hubo manipulación en la última subasta, debe abrir una investigación, no sólo sobre esta última, sino también sobre las anteriores.

En cualquier caso, el precio de la electricidad acordado ahora es provisional, pues la CNMC ha advertido que debe ser algo transitorio si no se quiere perjudicar a las empresas del sector o engordar nuevamente el déficit. Por otro lado, de haberse aplicado la subida del 11% prevista, España se habría convertido en el país con la tarifa eléctrica más cara de Europa.

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