La demolición eterna

Andrés Stumpf

El hotel Azata del Sol, conocido popularmente como El Algarróbico por la playa en la que se encuentra emplazado, es la mayor manifestación de destrucción del litoral por construcción indebida de toda España. Este engendro arquitectónico está construido a unos escasos catorce metros del límite del mar en Carboneras (Almería), violando tanto la Ley de Costas vigente en el momento en el que empezó a construirse (1988), como la nueva y menos restrictiva aprobada en mayo de este año.

Foto de Sofía. Algunos derechos reservados

Foto de Sofía. Algunos derechos reservados

Su ilegalidad no pasa únicamente por la transgresión de la servidumbre de cien metros protección desde la ribera del mar, sino que, además, se ha construido en una zona protegida, concretamente en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar que desde 1994 incluye la zona del Algarróbico.

Son ingentes las acciones que se han llevado a cabo por diferentes colectivos ecologistas, encabezados por Greenpeace y que culminaron en la paralización cautelar de las obras del hotel allá por 2006, año a partir del cual numerosos políticos prometieron su derribo. Sin embargo, han pasado ya más de 7 años y el edificio sigue en pie.

Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se pide esperar a que terminen todos los procesos judiciales en los que se encuentra envuelto el edificio, a pesar de que existen ya dieciocho sentencias que demuestran su ilegalidad. Según Greenpeace, el hecho de que se hayan incumplido las promesas de derribo demuestra una clara falta de voluntad política, así como la inoperancia de las administraciones responsables.

La demolición de este edificio de veintiún plantas y nada menos que 411 habitaciones tendrá un coste de más de siete millones de euros, según datos del Gobierno, que encargó a la empresa Tragsa la realización de un estudio técnico al respecto. Todavía no existe un acuerdo total sobre quién deberá hacerse cargo de este pago, si el Gobierno, la Junta de Andalucía o ambos; lo que sí queda patente es que se llevará a cabo con dinero público.

Además, es muy probable que la empresa responsable de la construcción exija una indemnización, pues, de hecho, contaba con las licencias necesarias para realizarla proporcionadas por el Ayuntamiento de Carboneras. De esa misma alcaldía han sido imputados seis de los ediles y el alcalde, Cristóbal Fernández (PSOE), por presunta prevaricación en el caso Algarróbico.

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