Quien contamina paga, si quiere

Andrés Stumpf

En la sociedad tal y como hoy en día la conocemos, las empresas se fundan con  dos únicos objetivos en su horizonte: realizar su actividad de la forma inicialmente planeada y obtener el mayor beneficio posible de ello. Como estas compañías, salvo contadas excepciones, son máquinas de hacer dinero, se hace necesaria la intervención del Estado en la legislación de ciertas leyes que restrinjan este afán rentabilizador en la búsqueda de la preservación del medio ambiente por el bien de todos los ciudadanos, el Planeta, e incluso las propias empresas.

Imagen de dominio público

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Atendiendo a esta idea, nació el concepto de “quien contamina paga” que encontró su desarrollo en la legislación española en el artículo 45 de la Constitución y, de forma más reciente, en la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, que establecía exigencias de garantías financieras a ciertas empresas para cubrir los posibles daños medioambientales generados en el desarrollo de su actividad.

La aplicación práctica de  estas garantías financieras (polizas de seguros, avales y/o reservas de capital) fue posponiéndose aduciendo motivos diversos y, finalmente, nunca lo hará, tras la publicación del borrador de un nuevo Anteproyecto de Ley por parte Ministerio de Medio Ambiente que modifica algunos de los elementos más significativos de la legislación anterior.

Como tema más controvertido, la nueva ley pasará a exigir las garantías financieras únicamente a 5.470 actividades, un 98% menos de las que recogía anteriormente (320.000). De esta forma, señalan desde Greenpeace, si alguna de las empresas a las que se le exime de los avales para el medio ambiente contaminase, sería necesario llevarla a juicio (con los gastos que ello supone) para que cumpliese con su responsabilidad.

Además, también ha resultado especialmente polémico el hecho de que sea el propio operador el que, a partir de la realización de un análisis de los riesgos de su actividad, determine la propia cuantía de la garantía financiera, frente a cómo, con anterioridad a esta reforma, era responsabilidad de un organismo independiente.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente justifican esta medida como necesaria para la verdadera puesta en marcha de unas garantías de hasta entonces imposible aplicación práctica, y exponen que sólo se exime a las actividades “con escaso potencial de generar daños medioambientales y con bajo nivel de accidentalidad”. Sin embargo, desde las asociaciones ecologistas desconfían e incluso se empieza ya a oír un nuevo principio: “Quien contamina paga, si quiere”.

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