El despilfarro en las subvenciones en eficiencia energética

Andrés Stumpf

No es oro todo lo que reluce en el sector de la eficiencia energética. El Tribunal de Cuentas Europeo avisó, en 2012, que, en este sector llamado a impulsar la economía y el empleo verde, se está produciendo un importante despilfarro de recursos y subvenciones debido a una mala gestión y planes de acción realizados sin evaluar debidamente la rentabilidad económica de los proyectos.

El Tribunal de Cuentas Europeo realizó un informe  para analizar los resultados de más de diez años de desembolsos, empezaron en el 2000, de subvenciones orientadas a mejorar la eficiencia energética de los Estados miembros con el objetivo de reducir el coste del creciente consumo de energía, minimizar la dependencia de los combustibles fósiles importados, y paliar el efecto de las actividades en el cambio climático mundial con el objetivo de eliminar sus externalidades futuras. En total, a través de los fondos de su política de cohesión, la Unión Europea ha asignado más 5.000 millones de euros a la cofinanciación de medidas de este corte, principalmente a la República Checa, Italia y Lituania.

Los principales problemas, apuntan desde el Tribunal de Cuentas, se derivan de una mala identificación de “los sectores específicos en los que se podía ahorrar energía y las opciones para lograr dicho ahorro de manera rentable”. Especialmente importante es el hecho de que “el concepto de rentabilidad, la mejor relación entre los fondos empleados y los resultados obtenidos, no fue un factor determinante en la asignación de fondos por los Estados miembros a medidas y proyectos concretos de eficiencia energética”. Es decir, como el dinero no procedía directamente de sus arcas, muchos Estados miembros lo vilipendiaron en proyectos sin futuro.

Pero especialmente preocupante es la crítica que se desprende de la gestión de fondos asignados a proyectos de eficiencia energética en edificios públicos. Como señala el Tribunal de Cuentas Europeo, aunque todos los proyectos se llevaron a término, “el coste con respecto al potencial de ahorro energético fue demasiado elevado. Se concedió mayor importancia a la necesidad de renovación de los edificios públicos que a la eficiencia energética”, resultado principal que se buscaba desde Europa con estas inversiones.

De este modo, se llevaron a cabo proyectos cuyo plazo medio de amortización era superior a los 50 años, algo excesivo teniendo en cuenta que la vida útil de los materiales utilizados es inferior, lo que demuestra la terrible relación entre resultado y coste de la inversión. Los Estados miembros utilizaron el dinero de Europa para ahorrarse el suyo en renovar los edificios públicos, dejando de lado si los cambios tenían alguna oportunidad de mejorar la eficiencia energética o no; en una acción que casi podría denominarse engaño.

A pesar del desastre, la Unión Europea no sólo seguirá financiando proyectos de eficiencia energética, por los claros beneficios que esto puede generar tanto al medio ambiente como a la economía comunitaria, sino que aumentará el presupuesto de los mismos  a cerca de 17.000 millones de euros en el periodo comprendido entre 2014 y 2020. El Consejo Europeo agradece la labor de control realizada por el Tribunal de Cuentas e insta a los países a “reforzar el compromiso político a través de una definición clara del objetivo que hay que lograr y de un firme control del cumplimiento de la legislación europea tal y como se ha incorporado a las legislaciones nacionales”.

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