La Deuda Ecológica: ¿Quién debe a quién?

Patricia Ruiz

Vivimos en un mundo en el que se elogia al que más tiene y se condena al que necesita. Los países occidentales acumulan riqueza a costa de empobrecer a las regiones en vías de desarrollo, cuyas necesidades se amontonan en la llamada “deuda externa”. Ante la incapacidad de los países del Sur para hacer frente a catástrofes naturales, hambrunas o epidemias, su dependencia económica con occidente es casi total. Son los países pobres, los endeudados, los que deben. Lo que pocos cuentan es que, en realidad, la verdadera deuda se ha de cobrar a la inversa.

La justicia ambiental considera que a todos los habitantes del planeta les corresponde la misma cantidad de recursos naturales. En este contexto, quienes utilicen más recursos de los que les corresponden estarán generando una deuda hacia aquellos a los que se les está privando de su derecho a utilizar los suyos. Para sustentar el ritmo de vida del modelo capitalista imperante en nuestra sociedad actual, el 25% de la población mundial utiliza el 80% de los recursos naturales del planeta, dejando a tres cuartas partes del total de personas que habitan en el mundo con apenas el 20% de los recursos restantes. Hablamos de una expropiación indiscriminada que, lejos de haber quedado olvidada en periodos colonialistas, protagoniza la realidad actual.

Contaminación de las aguas en Minimata Bay, Japón. Foto de Stephen Codrington /Algunos derechos reservados

Contaminación de las aguas en Minimata Bay, Japón. Foto de Stephen Codrington. Algunos derechos reservados

Es la llamada “deuda ecológica”, definida como la deuda acumulada por los países del Norte hacia los países del Sur como consecuencia de la expropiación de recursos naturales y de los perjuicios y daños medioambientales que su actividad económica genera. La cuantificación monetaria de este fenómeno es algo complejo. Los cálculos hechos hasta el momento se estiman en base a la cantidad de gases de efecto invernadero que han de reducirse para alcanzar un nivel en el que la concentración de CO2 en la atmósfera no aumente. Según el Panel Internacional del Cambio Climático, para alcanzar esto las emisiones deberían reducirse a la mitad, lo que equivaldría a una reducción anual de aproximadamente 4.000 millones de toneladas de carbono.

Joan Martínez Alier, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los principales impulsores del ecologismo político en España, estima en su artículo Cuantificación de la deuda ecológica que el coste de la reducción por tonelada de carbono ascendería a unos 30 US$, por lo que el coste de no reducir las emisiones a la mitad equivaldría a 120.000 millones de US$. Sin embargo, esta estimación económica deja fuera un amplio abanico de perjuicios que también forman parte de la deuda ecológica. Como la mayoría de los términos derivados de la justicia ambiental, nos encontramos ante un concepto cuyo valor no es meramente monetario. La pérdida de biodiversidad, la contaminación, las enfermedades o los posibles efectos a largo plazo son consecuencias a las que es difícil, y en ocasiones incluso inútil, ponerles precio. No estamos ante una deuda de billetes (aunque en ocasiones sirvan para compensar el daño causado), sino ante una deuda de recursos, de derechos y de justicia social y ambiental.

Los estudios sobre la deuda ecológica dividen la misma en cuatro factores principales:

  • Las emisiones de gases de efecto invernadero ya mencionadas son una de las partes más grandes de la deuda ecológica: la deuda del carbono. Los efectos nocivos causados por las emisiones de CO2 repercuten mayoritariamente en los países del Sur debido a que sus territorios están más expuestos a los posibles desastres naturales que el efecto invernadero potencia, pero también porque su economía depende en mayor media del sector primario, que es el que se ve más afectado por consecuencias como las sequías, inundaciones o la lluvia ácida.

    Agricultor local de Neem, especie amenazada por la biopiratería. Foto de Pankaj Oudhia/Algunos derechos reservados

    Agricultor local de Neem, especie amenazada por la biopiratería. Foto de Pankaj Oudhia. Algunos derechos reservados

  • La biopiratería, que es la apropiación intelectual de técnicas de cultivo ancestrales y originarias de los pueblos indígenas. Haciendo uso de la biotecnología, muchas las multinacionales modifican levemente especies de semillas, plantas medicinales o conocimientos ancestrales relacionados con la agricultura tradicional propia de comunidades locales del Sur, para luego privatizar su propiedad a través de patentes.
  • El tráfico de residuos. La producción industrial produce residuos tóxicos, cuyo trato es un proceso caro y costoso. La mayoría de países occidentales cuenta con leyes de tratamiento de residuos severas que incrementan el coste del proceso, por lo que muchas multinacionales optan por trasladarlos a países con una legislación ambiental menos estricta o inexistente. China, Pakistán o India son países predilectos para el destino de estos residuos tóxicos, cuya presencia pone en peligro la salud pública debido a la inhalación de gases procedentes de sus incineraciones o vertidos en las aguas rurales, por ejemplo.
  • Los pasivos ambientales. Son los definidos como perjuicios ecológicos que las empresas causan en el entorno como consecuencia de su actividad. Por lo general, los pasivos de las multinacionales (conjunto de deudas que reducen el activo, es decir, el capital de la empresa) no incluyen los costes ambientales, por lo que su actividad se abarata si el impacto ambiental se mantiene. La ausencia de legislación ecológica en los países del Sur fomenta que las empresas no internalicen los costes de los daños ambientales que provocan.

Cada vez son más numerosas las reflexiones de economistas y ecologistas que plantean la verdadera cuestión de quién debe a quién. La indiferencia de occidente no solo ignora la desigualdad que este fenómeno genera, sino que oculta su existencia e inclina la balanza a su favor. Un reclamo contundente de la deuda ecológica es parte esencial del motor que inclinaría el cauce de la economía mundial hacia un modelo más sostenible, ecológico y equitativo.

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Un comentario el “La Deuda Ecológica: ¿Quién debe a quién?

  1. Muy bueno el articulo. La pregunta sería como modificar esta realidad, sin que prevalezcan los intereses económicos personales (tambien aplicables a los bonos de carbono, cambio climático, etc) y que genuinamente se quiera un mundo mas “verde”, por el bien nuestro y el común de todos?!

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