La autorización a Repsol para realizar sondeos en las aguas Canarias acerca el desastre

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Foto de ecemaml. Algunos derechos reservados.

El pasado jueves 29, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente autorizó los sondeos exploratorios que permitirán a Repsol comprobar si existen reservas de hidrocarburos bajo aguas próximas a las islas más orientales del archipiélago canario. El anuncio ha levantado las críticas más feroces por parte de los representantes políticos y de la sociedad civil de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, así como del Gobierno autonómico y multitud de asociaciones ecologistas. Este es un nuevo paso encarrilado a la realización definitiva de prospecciones petrolíferas en las islas, pese existir múltiples voces en el ámbito internacional que buscan la defensa del medio natural de las costas y ecosistemas del archipiélago.

El anuncio se ha dado a conocer justo después de las elecciones europeas y en la jornada anterior a la celebración del Día de Canarias. Tal y como recordaron asociaciones ecologistas, el Ministerio ha concedido estos permisos diez días antes de que la Sala Tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo vote y tramite el fallo de los siete recursos interpuesto por Administraciones públicas Canarias, así como organizaciones ecologistas y movimientos sociales, contra las autorizaciones del Gobierno de España a las multinacionales Repsol, RWE y Woodside para realizar perforaciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Pero el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no tiene un mínimo de sensibilidad más allá de su propia fortuna económica.

La repulsa de la sociedad civil, las asociaciones ecologistas, y la administración canaria ante las actividades petrolíferas se fundamentan en los daños ecológicos y económicos que ponen en peligro la estabilidad del archipiélago, y en concreto, de las dos islas más orientales: Lanzarote y Fuerteventura. Además del riesgo de un vertido o fuga de crudo, como ocurrió en el mayor desastre petrolífero de la historia en el Golfo de México en el 2010, las actividades de extracción, e incluso los propios sondeos, ponen en peligro a las especies que habitan en dichos ecosistemas (tortugas, cetáceos…) por la generación de luz artificial, emisión de ondas sonoras, así como los vertidos de lodo y roca en esta primera fase. Por lo tanto, las afirmaciones que mantienen el Gobierno estatal y Repsol sobre las escasas probabilidades de impacto ambiental son bastante cuestionables.

De momento, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, dirigido desde hace apenas un mes por Isabel García Tejerina, ha dado luz verde a Repsol para comenzar los sondeos desde un barco que no se anclará al fondo marino y que utilizará un equipo de perforación preparado para alcanzar profundidades máximas superiores a 5 kilómetros. Los tres pozos sobre los que se ha autorizado la actividad se encuentran a pocos kilómetros de las zonas de interés comunitario que esperan entrar próximamente dentro del plan Red Natura 2000. En concreto, Repsol tiene previsto comenzar los sondeos en los puntos bautizados como Chirimoya y Sandía, a 11,3km y 16,6km de la zona de interés comunitario. Para el tercer pozo, Zanahoria, Repsol necesitará 180 días; sin embargo, la actividad en éste no está confirmada. Cada sondeo le supone a la multinacional energética un gasto aproximado de 100 millones de euros.

Los sondeos se realizan a través de un tubo de acero con un diámetro decreciente desde 91cm en la base del fondo, hasta 21cm en el extremo profundo. Mediante este tubo se pueden recoger muestras de rocas y fluidos que ayudan a determinar si existen reservas útiles de hidrocarburos. No obstante, Repsol deberá de cumplir una serie de medidas preventivas y correctoras que establecen un control sobre las fuentes lumínicas, ruido y lodos procedentes de los sondeos, además de contar por obligación con un protocolo de avistamiento de cetáceos en un radio de un kilómetro alrededor de los pozos.

Sin embargo, por mucho que se intente limpiar la mancha de fuel que lleva adherida esta acción, la realidad está en boca de asociaciones ecologistas, y expertos de todo el mundo que aseguran que no existe ningún bien para Canarias en el fomento de las actividades petrolíferas. Desde que el 3 de febrero de 2012, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunciase su intención de “reactivar” el Real Decreto de 2001 sobre las prospecciones petrolíferas de Canarias, multitud de asociaciones ecologistas, representantes políticos de las islas y una masa importante de la sociedad civil se han posicionado en contra de estas actividades, y han estado trabajando para que Europa y organismos internacionales eviten el desastre al que se exponen las islas.  Desde que se han aprobado los sondeos, las movilizaciones por redes sociales y las recogidas de firmas han vuelto a defender al archipiélago Canario frente a los intereses económicos y privados de Repsol y el Gobierno de Mariano Rajoy.

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