El Comité de Pesca de la FAO (COFI) aprueba unas directrices para mejorar el estado de la pesca de pequeña escala

Attua Alegre Paiz

El Comité de Pesca de la FAO (COFI) ha aprobado durante esta semana en Roma una serie de directrices que pretenden mejorar las condiciones de la pesca de pequeña escala reconociendo su papel fundamental en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Por otro lado, estas directrices ayudarán a erradicar las situaciones de pesca ilegal y no reglamentada.

BD-fishermen

Foto de USAID Bangladesh. De dominio público.

La elaboración de estas directrices ha sido realizadas desde 2011 por la aportación de alrededor de cuatro mil personas, pertenecientes a Gobiernos, organismos regionales de pesca, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Las motivaciones para llevarlo a cabo se han establecido a partir de algunos datos descubiertos por el director general de la FAO, José Graziano da Silva, quien ha hecho hincapié en que el 17% del consumo proteínico mundial proviene de la pesca y la acuicultura, y en recordar que la pesca de pequeña escala facilita trabajo al 90% de los pescadores y trabajadores pesqueros del mundo.

Las directrices se presentan como un conjunto de reglas que los estados podrán aplicar de manera voluntaria. El principal objetivo es promover con ellas el respeto de los derechos humanos de millones de pescadores de pequeña escala, especialmente de los países en vías de desarrollo, que sufren las consecuencias negativas de la pesca ilegal que se lleva entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado por un valor que llega a ascender a los 23.000 millones de dólares estadounidenses. El principal criterio para lograr este objetivo es desarrollar y promocionar medidas encaminadas a realizar una actividad sostenible con el medio.

La FAO ha destacado durante estos días las situaciones marginales que soportan muchas comunidades de pescadores. A los efectos de la pesca ilegal se le suman las condiciones laborales no saludables, las infraestructuras deficientes, la exposición a la contaminación, los desastres naturales, los trágicos efectos del cambio climático y la progresiva degradación medioambiental. Con estas directrices se pretende que los Estados garanticen el respeto de los derechos humanos internacionalmente aceptados y se promueva una nueva situación laboral sin discriminación de ningún tipo –atendiendo especialmente al papel de las mujeres-, la toma en consideración de la participación y consulta de los pescadores en las decisiones que afecten a su actividad, y la aplicación de un “principio de precaución y de gestión de riesgos” para evitar la sobreexplotación de los recursos y el impacto medioambiental.

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