Virginia Villaplana
El Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado el pasado día 21 de febrero supuso una ampliación potencial de beneficiarios de justicia gratuita. Sin embargo, las Asociaciones Medioambientales no han sido tomadas en cuenta en esta ley.
Mientras que las asociaciones de víctimas del terrorismo gozarán de justicia gratuita en cualquier ocasión, y otras asociaciones como las de consumidores, Cruz Roja, o los sindicatos no son sometidas a examen de cuentas, las organizaciones ecologistas deberán acreditar varios requisitos para tener posibilidad de acceder a la justicia gratuita. Tendrán que demostrar que son servicios de utilidad pública y además, presentar insuficiencia de recursos para correr con los costes.
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en una rueda de prensa. Foto por: La Moncloa- Gobierno de España |Algunos derechos reservados.
El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, alega que con el nuevo proyecto de ley la situación de las organizaciones medioambientales es más positiva que con la anterior legislación, puesto que antes debían tener una cuantía de beneficios no superior a 19.170 euros para acceder a un abogado, un procurador y unas tasas judiciales gratuitos. Sin embargo, con la nueva ley el rango de beneficios máximos para acceder a ese beneficio se ha incrementado a los 31.950 euros, por lo que la situación mejoraría, según el ministro.
No obstante, los principales grupos ecologistas españoles protestan por la falta de igualdad para las asociaciones, pues pese al incremento del rango de beneficios a declarar, creen que las reformas «entorpecen y pueden frenar el acceso de las ONG y los ciudadanos a la justicia ambiental». Afirman que será difícil cumplir los requisitos que se les impone, porque las asociaciones medioambientales más pequeñas no son consideradas «servicios de utilidad pública» por falta de solvencia económica, y por el contrario, las más grandes no podrán demostrar la insuficiencia de recursos económicos. Debido al coste de cada procedimiento, ahora tendrán que pensarlo dos veces antes de recurrir, lo que iría en contra del Convenio de Aarhus firmado por la Comunidad Europea y vigente desde 2001, pues en él se reconocen los derechos públicos de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Aunque antes del verano los grupos ecologistas ya se reunieron con Ruiz Gallardón para demandar un mayor acceso a la justicia para poder asegurar la protección del medio ambiente y éste se mostró receptivo y se comprometió a revisar la ley después del verano, el proyecto actual no parece haber considerado las peticiones.
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